Batallas por pos Derechos Reproductivos

Antes de Roe v. Wade (1973), la resolución histórica de la Corte Suprema que reconoció el aborto como un derecho legal, casi todos los estados de Estados Unidos tenían leyes que penalizaban el aborto. Antes de esta resolución, solo unos pocos estados hacían excepciones en casos como la violación y la protección de la vida de la madre. Como respuesta a esta resolución, en los últimos 50 años se han instituido más de 1,300 restricciones al aborto por todo el país. Las leyes contra el aborto impiden que las pacientes obtengan la atención necesaria al enfocarse intencionalmente en donde son más vulnerables las personas: las finanzas y los apoyos estructurales. En 2014, el 75 por ciento de todas las pacientes de aborto vivían por debajo de la línea federal de pobreza. El costo promedio de un aborto durante el primer trimestre es de aproximadamente 550 dólares y el precio aumenta a medida que avanza el embarazo. Esta realidad, junto con el transporte y el posible cuidado de los niños, así como la pérdida de salarios por ausentarse del trabajo y el alojamiento (si el centro no es local), son algunos ejemplos de barreras para acceder a lo que la Corte Suprema considera un derecho humano constitucional. Tres años después de Roe v. Wade se introdujo otra barrera con la Enmienda Hyde, que prohibía que cualquier persona inscrita en Medicaid, Medicare y otros programas federales usara un seguro médico para cubrir el aborto. Actualmente, once estados también prohíben que los pacientes utilicen la atención médica privada para hacerlo.

La resistencia a los logros obtenidos en las luchas por la justicia reproductiva ha sido constante desde la aprobación de Roe v. Wade en 1973, pero 2021 fue un año sin precedentes para las restricciones contra el aborto. En 2021, se instituyeron más de 100 restricciones en todo el país, incluida la prohibición más restrictiva reflejada en el Proyecto de Ley 8 del Senado de Texas (SB 8). Esta ley corta el acceso a la atención para el aborto a las seis semanas, a pesar de la realidad de que muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta de que están embarazadas tan pronto. En Texas, aproximadamente del 85 al 90 por ciento de las personas que abortan tienen al menos seis semanas de embarazo, por lo que este proyecto de ley esencialmente busca eliminar el acceso general a la atención para el aborto. SB 8 también faculta a los ciudadanos privados para que hagan cumplir la ley, reclutándolos para que denuncien y demanden a las personas que traten de abortar después de seis semanas.

Texas tiene una larga historia como uno de los estados antiaborto más agresivos de la nación. En 2013, los legisladores de Texas aprobaron la Ley 2 de la Cámara de Representantes, una ley con tantas restricciones que obligó a más de la mitad de las clínicas de aborto en el estado a cerrar debido a los estándares innecesarios y exigentes que se les impusieron. El cierre de las clínicas ocurrió antes de que la Corte Suprema pudiera anular la ley por inconstitucional en 2016. Hoy, solo hay 19 clínicas en Texas para atender a más de 5.4 millones de personas en edad reproductiva.

Frente a este año récord de restricciones contra el aborto, el movimiento proaborto también avanzó para proteger el derecho a elegir. En 2021, se aprobaron casi 100 proyectos de ley que ampliaron el apoyo al aborto por todo el país, 11 de los cuales exigieron la cobertura de seguro médico para abortos, aumentaron las protecciones de los proveedores y derogaron las principales restricciones al aborto, incluidas las sanciones penales.

Justicia Reproductiva y Comunidades Marginadas

Las leyes contra el aborto impactan sistemáticamente a las comunidades más marginadas de este país. El mayor nivel de embarazos no deseados en estas comunidades se deriva de numerosos factores, incluido el acceso obstaculizado a la atención médica y la educación sexual deficiente en las escuelas. En Texas, las personas de color constituyen el 59 por ciento de la población, sin embargo, son el 74 por ciento de las que reciben abortos. Ante las numerosas barreras a la atención médica para el aborto, estas comunidades han hecho lo que siempre hacen cuando el gobierno restringe el acceso a sus derechos constitucionales—depender de la ayuda mutua y el apoyo comunitario.

Numerosas organizaciones sin fines de lucro y comunitarias de base se formaron y/o obtuvieron un mayor apoyo frente a las leyes contra el aborto para brindar educación sexual, viajes compartidos, cuidado infantil, acompañamiento del aborto, financiamiento parcial o total para abortos, alojamiento, y apoyo emocional. Estas organizaciones trabajan para educar a las comunidades sobre los recursos que salvan vidas, liderar campañas a favor del aborto y coordinar la ayuda mutua. A raíz de la ley SB 8, muchas organizaciones de derechos reproductivos en Texas se enfrentaron con la necesidad de realizar cambios importantes. Según Anna Rupani, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro a favor del aborto Fund Texas Choice, el proyecto “multiplicó la distancia promedio en automóvil para acceder a una clínica de aborto casi 15 veces. Desde el 1 de septiembre, el 99 por ciento de [nuestros] clientes han tenido que viajar fuera del estado para tener acceso a la atención médica”. Si bien brindar servicios de aborto se está volviendo más complicado para las organizaciones que se enfrentan a esta última restricción, la gran cantidad de apoyo del movimiento a favor del aborto también ha ofrecido a muchas organizaciones una mayor capacidad para apoyar a los pacientes y las comunidades. Un ejemplo es Whole Woman's Health en McAllen, Texas, que ahora puede brindar servicios de aborto completamente gratuitos gracias a los generosos fondos que se obtuvieron como reacción a SB 8.